Cuando un directivo sale de casa cada mañana, en su maletín lleva su vivienda, su coche, su plan de pensiones y, en definitiva, todo su patrimonio. Y con todo ese peso, tiene que tomar decisiones. Dicho de otro modo: responde con sus bienes a todos sus actos. “Hace unos años nos regíamos por la Ley de Sociedades Anónimas, pero ahora, con los últimos cambios normativos, las reformas en el Código Penal y la nueva ley de compliance europea, el directivo debe responder con su patrimonio ante cualquier fallo, negligencia o denuncia”.
Este servicio, importado de EE UU, llegó a España hace ya varios años. Fueron las empresas del Ibex las que comenzaron a contratarlo, “sobre todo aquellas del sector financiero e industrial, conscientes de los riesgos a los que se enfrentaban”, prosigue. Sin embargo, a la lista se han empezado a sumar otro tipo de compañías, muchas de ellas familiares, pymes e incluso startups. Es lógico. “Desde 2014 ha habido una agravación en materia regulatoria, y en la práctica estamos viendo que las reclamaciones a los directivos ya no vienen solo de terceras personas y clientes, sino de los propios consejeros, de los inversores y accionistas e, incluso, de otros directivos. Hay cada vez más reclamaciones cruzadas”.
La crisis económica ha sido una de las causas del aumento de contrataciones de estos servicios. “Han surgido más riesgos, y con ellos ha aumentado el miedo. Además, una mala gestión puede tener hoy unas repercusiones mucho más graves que las que podría acarrear hace 10 años”. Así, uno de los métodos que han escogido las organizaciones para guardar la espalda de sus directivos ha sido recurrir a estas pólizas. De hecho, son las empresas las principales usuarias del servicio. “Solo un 5% de los seguros los reclaman perfiles individuales, generalmente ejecutivos que se sientan en dos o más consejos de administración”, ilustra. El 95% restante lo contrata la compañía, que solicita el servicio y asume el pago.
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